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La fórmula “trabajo decente” incluye también una dimensión ética que se enfoca en la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados por la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento ya mencionada (véase párrafo 42). El texto busca asociar la justicia social con el crecimiento económico. En ella, todos los Estados Miembros de la OIT son invitados, a respetar, promocionar y hacer realidad, de buena fe, los principios y derechos relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación. La Declaración admite que los Estados Miembros, aun cuando no hubiesen ratificado los convenios relevantes, están obligados a respetar “de buena fe y de conformidad con la Constitución” de la OIT, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios. El instrumento que no tiene un valor obligatorio para los Estados contiene sin embargo un anexo sobre el seguimiento requiriendo a los Estados que no han ratificado esos convenios que presenten las memorias anuales sobre los progresos realizados a fin de implementar los principios que ellos albergan. Asimismo, la OIT se obliga a movilizar los recursos presupuestarios y a ejercer su influencia a fin de ayudar a los Miembros a lograr sus objetivos. Otra Declaración, votada en 2008 y centrada sobre la justicia social para una globalización equitativa confirma la primacía de la defensa de los derechos civiles en el trabajo frente a las normas técnicas sobre las condiciones de empleo.