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(3) Por último, la gestión de estas dos clases de ayudas se ha venido realizando, desde su creación en 1997, por y con cargo al presupuesto del “Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, antecedente, como ya sabemos, del actual Instituto para la transición justa, O.A.

En enero de 2020, el Tribunal de Cuentas emitió un informe, solicitado por el Congreso años antes, sobre la aplicación de estos sucesivos regímenes de ayudas para la reactivación económica de las comarcas afectadas por el cierre de explotaciones mineras (el informe cubre las ayudas concedidas entre los años 2006 y 2018), muy crítico con todo el sistema de ayudas empleado en esos años, cuestionando no sólo su efectividad, sino también numerosos aspectos de su diseño y gestiónssss1.

El Informe cuestiona, entre otras cosas: la infradotación de personal del Instituto, insuficiente para llevar a cabo de manera satisfactoria el conjunto de tareas de su competencia; la falta de criterios claros y transparentes para la identificación de los proyectos de infraestructuras financiables, así como sobre el reparto territorial de esta clase de ayudas; las deficiencias del proceso previo de selección de esos proyectos; la falta de indicadores para medir la efectividad de las ayudas y la ausencia de seguimiento posterior de esta cuestión; y la excesiva conflictividad generada a propósito especialmente de posibles incumplimientos, desencadenantes de expedientes de reintegros, reveladora del fracaso de los mecanismos de autocomposición previstos en los conveniosssss1.