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Con todo, y aun asumiendo un cierto escepticismo sobre las posibilidades de reactivación de la España rural en general y en particular de las zonas comprendidas en los convenios actualmente en curso de elaboración, que pertenecen a esa España, por carecer del tipo de atractivos que facilitan de forma natural esa reactivaciónssss1, la clave del éxito, siquiera parcial, de las actuales reconversiones industriales (el nombre de transición justa es nuevo, pero no, al menos en su acepción estricta, la problemática) con seguridad residirá en la inteligente selección de los proyectos empresariales merecedores de financiación y de las inversiones públicas directas que se realicen en esas zonas (aprovechando también la mayor disponibilidad de fondos públicos para estos fines en relación con otras épocas).

En este sentido, no cabe minusvalorar el instrumento de los convenios de transición justa, que tiene la virtud (en eso consiste su filosofía) de plantear un modo de actuación, es decir, de selección de proyectos e inversiones, participativo, corrigiendo errores de anteriores políticas de reactivación de zonas en crisis, y que plantea algunos problemas de construcción jurídica, que son los que principalmente hemos pretendido analizar.