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Más cauto o prudente será el posicionamiento internacional que evidencia el Informe Brundtland (1987)ssss1, en el que si bien se propone que “la estructura energética del siglo veintiuno debe basarse en fuentes renovables”, repara en los “problemas, grandes o pequeños” que “a medida que se desarrollen sistemas de energías renovables”, pueden presentarse. De ahí que parece decantarse por un protagonismo reducido, al entender que “las energías renovables funcionan por lo general mejor a escala pequeña a mediana, perfectamente adaptadas para usos rurales y suburbanos”, en tanto “un programa en gran escala de explotación de las energías renovables entrañará grandes gastos y riesgos, en especial las industrias en escala masiva basadas en la energía solar y la biomasa”, sin perjuicio de estimar que una de sus ventajas es su capacidad para generar empleo.

Aunque se dilatará un os años, la UE mantendrá aquella aspiración y, al margen de algunas normas que adelantarán ciertas exigencias en torno al favorecimiento de dichas energíasssss1, la impulsará con medidas de fomento, con el salto cualitativo que suponen tanto los planteamientos contenidos en el V Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente “Hacia un desarrollo sostenible”, adoptado el 1 de febrero de 1993 (período 1993-2000), como sobre todo, con el Libro Blanco sobre las Fuentes de Energías Renovables presentado por la Comisión en 1997ssss1, donde se enfatizará que la promoción de la electricidad generada a partir de dichas fuentes “es un objetivo prioritario para la Comunidad, por razones de seguridad y diversificación del suministro de energía, de protección del medio ambiente y de cohesión económica y social” contemplando objetivos mínimos de penetración de dichas energías para 2010 (el 12% general y el 22.1% en el sector eléctrico)ssss1. Más tarde elevados al rango normativo por la Directiva ya citada de 2001.