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Por su parte, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), contiene previsiones expresas orientadas a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades, así como el principio de igualdad, en el marco de las políticas urbanísticas y territoriales. Particular significancia en este sentido, el propio artículo 3 dedicado precisamente al “principio de desarrollo territorial y urbano sostenible” que, con carácter general, atribuye a las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, el fin común de su utilización conforme al interés general y conforme al principio de desarrollo sostenible. Los diferentes ámbitos en los que incide el citado desarrollo sostenible llevan a que sean múltiples las esferas y políticas públicas que han de implicarse para su efectiva consecución. En coherencia con lo cual, el propio precepto atribuye a las políticas relativas al suelo el propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando desde la economía, el empleo, la cohesión social, la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente, pero también la igualdad de trato y de oportunidades.

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