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También se regula el funcionamiento económico de la Colonia, dividiendo las operaciones sociales de la cooperativa en tres grupos, cooperación productiva (con transformación de los productos primarios), de consumo (compra de materiales, por ejemplo), de asistencia y mutuo socorro (para suministro de medicamentos y asistencia durante primeros quince días salvo acuerdo del Consejo) y de cooperación de ahorro y previsión (funciones financieras y de intermediación, seguros). También reglas contables para la determinación de los beneficios y el destino de los mismos tanto sean positivos como negativos. Se regula también el funcionamiento de los servicios comunales (enseñanza primaria, experimentación agrícola, higiene o culto), así como un régimen disciplinario, que va desde la multa a la expulsión de la colonia, estructurando la posibilidad de recurso de queja ante la Junta Central. Dentro de las disposiciones de carácter general, se establece un régimen de monopolio a favor de la cooperativa. Finaliza con una regulación minuciosa de la Junta central, la secretaría general y sus secciones, régimen de pagos y custodia de fondos, así como la posibilidad de recurso contra los actos de la Junta central ante el Ministerio de fomento y de gracia y justicia, según la materia. Desaparece toda referencia a los terrenos boyales, así como también podemos destacar la ausencia de referencias a las “Juntas sociales de riegos”.

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