Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural онлайн

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No obstante, sólo tras arduas negociaciones, el Gobierno Azaña consiguió formar un texto que reunía un cierto consenso y que, no sin dificultades, logró la aprobación parlamentaria. La Ley de Reforma Agraria de 1932 era una norma compleja, tanto en su redacción, no siempre suficientemente perfilada, como de cara a su aplicación. En ella se creaba un inventario de la riqueza expropiable, donde se incluyeron todas las propiedades que habían de ser expropiadas o confiscadas por simbolizar la opresión del campesinado: desde las pertenecientes a la Grandeza y las procedentes de antiguos señoríos jurisdiccionales, hasta las mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas, las no regadas pudiendo serlo y las que excedieran de determinadas superficies.

Una correcta aplicación de la ley hubiera podido poner a disposición del Estado 577.559 hectáreas, suficientes para asentar a unos 60.000 campesinos con sus familias. Sin embargo, las propias contradicciones internas de la coalición gubernamental, las trabas puestas por la derecha y la falta de colaboración de la izquierda determinaron unos discretos resultados. A fines de 1933, únicamente se habían realizado 4.399 asentamientos en un total de 24.203 hectáreas, frustrándose las expectativas generadas.