Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural онлайн

31 страница из 163

Las reivindicaciones campesinas se agudizaron con la depresión económica mundial y el alto nivel de paro. El triunfo electoral de las derechas en 1934 no impidió inicialmente la aplicación de la ley: durante ese año hubo 6.269 asentamientos sobre 81.558 hectáreas. Pero al año siguiente, tras la caída del ministro Giménez Fernández, representante preclaro del catolicismo social, se introdujeron en la ley importantes modificaciones que acabaron con toda esperanza de llevar a cabo una reforma agraria significativa: supresión del inventario de la riqueza expropiable, potenciación de las vías para eludir las expropiaciones e incremento de la cuantía de las indemnizaciones. Con el Gobierno del Frente Popular, los asentamientos dejaron de estar controlados por las autoridades, produciéndose numerosas ocupaciones de fincas: entre marzo y junio de 1936, 111.000 campesinos fueron asentados en 572.000 hectáreas, aunque lo fueron por un período breve, hasta el fin de la Guerra Civil.

En 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), al que se encomendó la transformación y redistribución de la propiedad rústica, con el conocido objetivo de establecer el mayor número posible de patrimonios familiares. Las primeras regulaciones de su actividad confiaban en asentamientos realizados por los mismos propietarios (leyes de 1939 y 1940), planteamiento que hubo de ser modificado, asumiendo el Estado la construcción de las grandes obras hidráulicas, la transformación de las tierras y la sucesiva colonización de las zonas regables (leyes de 1949, 1958 y 1962).