Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural онлайн

44 страница из 163

Llama, por ejemplo, la atención la general reducción de las distancias con respecto a lo que cabría considerar el módulo típico de los dos mil metros de separación entre las instalaciones ganaderas y el núcleo urbano. Así, las rebajas permiten una explotación industrial de porcino a 600 metros del núcleo urbano, distancia que con carácter general se limita a 400 metros si se trata de municipios agrícolas y ganaderos de menos de dos mil habitantes, autorizándose a estos mismos municipios a reducir tales distancias a 250 metros (o a 375 metros, si cuentan con más de dos mil habitantes); incluso cuando el municipio en cuestión esté enclavado en zonas desfavorecidas de montaña, la distancia mínima aplicable es de 200 metros solamente. En la misma línea permisiva, para la regularización de instalaciones se establecieron larguísimos plazos y condiciones muy relajadas, que llegan a prever la continuidad de explotaciones ilegales bajo la calificación de “administrativamente en precario”.

Ciertamente, junto a esas medidas permisivas, en las mismas directrices cabe referir instituciones más interesantes, como las áreas de expansión ganadera, que garantizan la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, o las zonas con sobrecarga ganadera, donde se restringe la implantación de nuevas actividades. La línea a seguir es, así, la de coordinar las decisiones relativas a las explotaciones ganaderas con los objetivos correspondientes a la protección del medio ambiente y otras políticas públicas, como el turismo rural. Una vía adecuada a tal fin pueden ser los instrumentos que proporciona la legislación de ordenación del territorio, aunque conviene no dejarse llevar excesivamente por los planteamientos teóricos, ya que el dominio sectorial de las políticas públicas continúa ejerciendo un fuerte peso, como puede apreciarse en la subordinación de los objetivos ambientales a los intereses sectoriales del desarrollo ganadero.