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En este sentido, señala el Tribunal que, aunque la entrada en vigor de la Ley Hoguet sea anterior a la entrada en vigor de la Directiva 2000/31, ello no supone que la República Francesa quedase exenta del cumplimiento de dicha notificación. Así pues, el fallo del TJUE fue claro; Airbnb no tiene la obligación de cumplir con la Ley Hoguet.
En España la Directiva 2000/31 tiene su trasposición en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico cuyo art. 8 aborda el procedimiento de cooperación intracomunitaria ante la adopción de una restricción.
Una vez analizada la sentencia europea no sorprendió en fallo del TS quien literalmente señala en su FJ 18.º que “de la sentencia del TJUE se desprende que una norma como el art. 54ter RGAT debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (y 2000/31) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”.
2.3. LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
En el próximo epígrafe se centrará en el estudio específico de los elementos que componen el precepto en cuestión, pero antes es interesante plantearse por qué una obligación de información como la que ha sido recientemente declarada nula por el TS se consideraba un buen instrumento para la lucha contra el fraude fiscal. A mayor abundamiento, cómo debería ser esa obligación de información para que la misma fuese útil, razonable y proporcionada.