Читать книгу El deber de información país por país en el ordenamiento jurídico español онлайн

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Por su parte, el citado régimen normativo IPP se cierra con un régimen de infracciones y sanciones para a priori asegurar el efectivo cumplimiento del deber informativo, que a su vez debe servir a la efectividad de los citados mecanismos de intercambio automático. Aun así, veremos que nuestro régimen de infracciones y sanciones en España presenta determinadas características que lo hacen inapropiado para servir a la eficacia del deber IPP e indirectamente para cumplir con los deberes derivados de los mecanismos para su intercambio automático.

Esta novedad del régimen jurídico IPP, tanto en nuestra jurisdicción como en otras donde se ha implementado, lleva aparejados los objetivos o finalidades formalmente previstas por la OCDE para su modelo normativo IPP. En concreto, las jurisdicciones que han implementado IPP han asumido como propia la finalidad de IPP de servir a lo que la organización llama análisis de riesgos fiscales de alto nivel en un contexto BEPS, con especial atención a las políticas de precios de transferencia intragrupo. Así, aunque esta expresión difiere del lenguaje habitualmente empleado por la organización hasta ese momento, entendemos que se refiere al objetivo de servir a procesos internos de la respectiva Administración tributaria para elaborar indicadores de ahorro fiscal derivado de políticas empresariales con efecto erosivo a modo de indicio de la realización de actuaciones ilícitas, pese a las limitaciones que expondremos en este trabajo.