Читать книгу El deber de información país por país en el ordenamiento jurídico español онлайн

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La presunta eficiencia alcanzada con IPP en la identificación de conductas contrarias al IS, IRNR o análogos persigue, a su vez, la eficacia en la aplicación del gasto público, al que se refiere nuestro texto constitucional en el art. 31.2. Así, el incremento de la recaudación no sólo deriva de una lucha contra una planificación fiscal “agresiva” que deriva en BEPS sino también del óptimo uso de los recursos públicos a tal fin, resultando en un ahorro en este gasto público. De este modo, aunque no se expresa como uso que persigue IPP, sí se relaciona como objetivo de este régimen normativo en los propios trabajos de la OCDE. Empleando términos jurídicos, esta eficacia en el gasto público se asocia a procedimientos de control del cumplimiento del IS por contribuyentes integrados en grandes grupos multinacionales.

Por último, junto con los anteriores objetivos o fines que relaciona la OCDEssss1, la organización reconoce que IPP puede servir a otros objetivos secundarios: el análisis económico y el análisis estadístico de los datos. En este trabajo, consideramos que en la práctica sirve a estos últimos objetivos, a la vista de la configuración y alcance de los datos registrados en IPPssss1.