Читать книгу La sucesión de empresas en las Administraciones Públicas y su impacto en el empleo público онлайн

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Según la doctrina, la definición de este contrato es que se configura como vínculo jurídico en virtud del cual un particular o empresa gestiona servicios de competencia pública cuando se reúnan los siguientes requisitos:

“Que el contenido económico los haga susceptibles de explotación por empresarios particulares.

Que exista un régimen jurídico básico que atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia”ssss1.

Es a través de la concesión el medio por el cual la Administración ostentaba la titularidad del servicio y, mediante una regulación contractual de las condiciones, entrega su prestación y el contenido económico correspondiente a un particular o empresa privada, que asume la gestión y riesgo, obligándose frente a la Administración a responder de la marcha regular del servicio público, a mantener en buen estado los bienes que explota, a admitir el goce del servicio a todo aquel que cumpla los requisitos, a la restitución de los bienes si la concesión caduca o se extingue y en su caso, al pago a la Administración de un canon. El concesionario, por su parte, percibía a cambio las tasas, tarifas o precios fijados por la utilización del servicio público.