Читать книгу La sucesión de empresas en las Administraciones Públicas y su impacto en el empleo público онлайн

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Desde esta perspectiva, la posición de actor protagonista por parte de la Administración Pública a la hora de atender los intereses de la colectividad, que se establece en el artículo 103 de la Constitución española (en adelante, CE), se desdibuja, pues ya no establece, como opción de principio, una conexión inevitable entre la noción de servicio público y su titularidad pública, y se instala el consenso según el cual la titularidad pública debe mantenerse, pero solo eso, en tanto la gestión puede ser, además, indirecta o mixta, sin que se admita la posición apriorística de que es mejor la prestación del servicio si esta tiene lugar sin intermediarios, ni cabe llegar a la conclusión de que la gestión “a través de” suponga una actuación contraria a la máxima de eficiencia o eficacia, sino todo lo contrario.

Se consolida el argumento justificativo del menor coste que supone para la Administración Pública el recurso a las empresas privadas desde el punto de vista del mantenimiento del personal y de sus medios propios, e incluso señalando una mayor capacitación y especialización de esos recursos humanos que se encontrarían en el ámbito privado y ya no en el ámbito público.