Читать книгу La sucesión de empresas en las Administraciones Públicas y su impacto en el empleo público онлайн

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Según la doctrina, únicamente se establece una línea roja: “En ningún caso podrán prestarse mediante gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos”ssss1; esto es, los servicios de Policía, Justicia o Seguridad Social. Todo lo demás queda fuera de la reserva de autoridad, por lo que es posible proporcionar prestaciones a los ciudadanos mediante técnicas sometidas al libre mercado a través de empresas o entidades especializadas.

De esta manera, se ha producido la proliferación progresiva de entes públicos autónomos respecto a las Administraciones territoriales con peculiaridades suficientes para configurar elementos específicos de gestión de personal, tales como entidades de Derecho Público, agencias, entidades públicas empresariales o sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios, o bien se han utilizado técnicas de externalización de los servicios públicos, como la celebración de contratos administrativos con empresas contratistas o concesionarias, que aportan sus medios materiales humanos para la prestación del antaño servicio público directo, esta vez encomendado al sector privado.

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