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Tal y como se señalado anteriormente, el acuerdo establece un marco general de teletrabajo a nivel europeo, y debe ponerse en marcha por las organizaciones miembros de las partes firmantes, conforme a los procedimientos y prácticas específicas de los interlocutores sociales en los Estados miembros. La eficacia jurídica del AMET es menor, ya que no tiene una eficacia jurídica obligacionalssss1. Así, tal y como ha señalado doctrina autorizada, este tipo de acuerdos tiene la naturaleza de “pacto entre caballeros” de su suerte que su traslación y su eficacia en cada uno de los ordenamientos nacionales penderá del cumplimiento voluntario que los sujetos colectivos nacionales hagan de los contenidos acordados a nivel comunitariossss1. En efecto, el AMET puede considerarse –como se ha señalado de una manera muy gráfica– una manifestación del “laissez faire colectivo” reconocido en el Derecho comunitario, pero con la fuerza vinculante que sean capaces de –o deseen– atribuirle los agentes socialesssss1.