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En la actualidad, toda la atención se concentra en el escándalo de Petrobras y la sentencia a Lula. Y, sin duda, el sistema de sobornos establecido en la década de 2000 por el gigante petrolero, que sirvió en gran medida para financiar a los partidos políticos, es un escándalo. Sin embargo, todo el sistema de financiamiento de la democracia en Brasil es problemático y habría que reformarlo de manera integral; prohibir las donaciones de empresas fue un primer paso necesario, pero habrá que ir aún más lejos. La instauración, en 2017, de un fondo público para financiar las campañas electorales es, desde este punto de vista, una excelente medida que hay que aplaudir en un contexto en el que, como veremos, abundan las democracias que, hoy en día, desmantelan el financiamiento público de su vida política. Sin embargo, queda mucho por hacer, en particular para comenzar a redefinir las reglas que rigen las donaciones de individuos a campañas electorales.

¿Y si todos donaran?

Imagino que el lector ya se ha convencido de la injusticia que caracteriza a las medidas fiscales que se aplican a las donaciones a partidos políticos y campañas electorales en muchas democracias. Una reacción natural podría ser la siguiente: ¿por qué no, simplemente, convertimos las reducciones de impuestos en un crédito fiscal igual para todos los hogares, gravables y no gravables? Eso podría parecer un mínimo necesario de reforma, en la medida en que anularía el carácter “regresivo” del sistema actual en el que, mientras más pobre sea alguien, más paga.

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