Читать книгу Los parados. Cómo viven, qué piensan, por qué no protestan онлайн
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En términos lógicamente mucho más sofisticados, esta dialéctica víctimas-culpables que atraviesa las representaciones sociales del paro está también presente en la controversia científica acerca de la manera más adecuada de proteger a los parados, esto es, sin estimular las conductas inadecuadas [Suárez, 2006]. Desde el punto de vista económico el objeto de análisis suele ser la relación entre el nivel y duración de las prestaciones por desempleo y el del paro. En general se acepta que el dispositivo de protección alarga moderadamente la permanencia en el paro, permitiendo que el parado sea más selectivo en su búsqueda de empleo. Difícilmente podría ser de otra manera. Ahora bien, de ahí a acabar sugiriendo que el recorte de prestaciones sea un procedimiento eficaz para evitar sus reales o supuestos efectos perversos y reducir significativamente el paro, hay un paso demasiado largo que muchos estudiosos del tema nunca han dado. Unos señalan que el desempleo estructural masivo (el que no tiene nada que ver con la conducta de los parados) nunca se reducirá por esta vía; otros afirman que una eventual caída del paro de larga duración puede verse acompañada de un aumento del paro recurrente generado por la peor calidad del empleo conseguido, mostrándose muy prudentes a la hora de proponer políticas [Sanchis, 2003; Krueger y Mueller, 2010]. Pero el hecho es que todas estas cautelas tienden a desaparecer en el camino que va del debate científico al político, donde no son pocas las intervenciones que magnifican una imagen del parado como aprovechado que al final cala en la opinión pública. Así, mientras la ciudadanía suele oponerse en bloque a los recortes en sanidad, educación o pensiones, ante las políticas de mercado de trabajo tiende a mostrarse dubitativa. Conscientes de ello, desde los años ochenta en las sociedades postindustriales los Gobiernos han sido más proclives a complicar la vida de los parados endureciendo los requisitos de acceso y permanencia en los dispositivos de protección que a tocar otras instituciones del Estado de bienestar, pues sospechan que el coste político es menor. A veces, antes de proceder preparan a la opinión pública mediante campañas que enfatizan los abusos de algunos parados [Del Pino y Ramos, 2013]. En consecuencia, la maniobra de descargar el coste social del paro sobre quienes lo sufren queda legitimada ante la ciudadanía.