Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) онлайн
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El marco institucional diseñado por la Constitución Política de 1925 estableció la función del Poder Judicial en torno a principios de autonomía y de profesionalización interna. Otorgó algunas funciones específicas, entre otras que la Corte Suprema debía determinar la constitucionalidad de los preceptos legales aplicados en los recursos interpuestos en los juicios que les correspondiera tramitar (art. 86 N.º 2: «La Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable, para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado del juicio, sin que se suspenda su tramitación»).
Sin embargo, la Constitución de 1925 no estableció el proceso para tramitar el recurso de inaplicabilidad20. A pesar de los serios debates de la Comisión que elaboró la nueva constitución sobre la posible inconstitucionalidad de las leyes que el futuro Congreso pudiera dictar, sobre todo enfocando la protección de la propiedad privada, este tema no quedó del todo resuelto21. De ahí que la Corte Suprema delineara el procedimiento en un Auto Acordado el 22 de marzo de 193222. Más aún, dicho recurso no implicaba anular, en general, una «ley inconstitucional» (control abstracto), sino asegurar que no se aplicara en el caso particular sujeto a juicio (control concreto)23. Este procedimiento era consistente con la regla general establecida en el Código Civil (art. 3): «las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren». La falta de una jurisprudencia basada en el principio de stare decisis llevaba a que la «independencia» de los jueces locales y de las Cortes de Apelaciones produjera sentencias contradictorias, teóricamente corregibles con la presentación de recursos de nulidad o de casación ante la Corte Suprema para resolver si el tribunal hubiera fallado fundado en un error de derecho24. Sin embargo, la «corrección» se aplicaba solo a la causa concreta sin invalidar la aplicación de la ley en sí.