Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) онлайн

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No concebimos como se pueda tener incomunicada a una persona más de un mes, y se la deje expuesta a contraer una enfermedad o sufriendo rigores innecesarios. Solo esto se explica por desidia del juez en no agitar el sumario o porque quiere hacer sufrir a esa persona abusando de ese derecho³¹².

Aunque los casos encausados por delitos de tortura eran muy pocos, la Corte Suprema condenó a algunos funcionarios policiales responsables de tormentos aplicados a los reos. Así ocurrió en el proceso contra el subcomisario de Investigaciones de Carabineros de Valparaíso, Celedonio Cáceres González y otros agentes, quienes fueron denunciados por Carlos Beltrán, Ismael Gana y José del Carmen Alarcón al 2º Juzgado del Crimen. Los denunciantes dijeron haber sido acusados de un robo de lapiceras y haber sido flagelados salvajemente y que el juez los había dejado en libertad incondicional, comprobando su total inocencia.

El subcomisario fue inicialmente condenado por aplicación de tormentos a tres años y un día de cárcel, lo que implicaba la expulsión del Servicio. Apeló de la sentencia. La Corte Suprema tuvo a la vista el testimonio de los denunciantes que relataban la brutalidad de las torturas. Estas se prolongaron durante dos días y fueron certificadas por un médico legista, quien comprobó las heridas y contusiones de los detenidos. La Corte Suprema condenó al subcomisario a presidio menor por dos años y a la separación del Servicio de Carabineros. En la sentencia de 1º de abril de 1932, la Corte Suprema consideró la irreprochable conducta anterior y el celo funcionario como atenuantes para la rebaja de la pena, no obstante reconocer que se trataba de delitos reiterados. El subcomisario negaría hasta el fin haber flagelado a los prisioneros, los que habían resultado absueltos de los delitos de los que se les había acusado³¹³. La reducción de las penas a esos funcionarios, probadamente culpables de flagelaciones, reflejaba la tolerancia de la autoridad y el saber común de que se maltrataba rutinariamente tanto a los detenidos por simples delito como a los «enemigos» de la República.