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Finalmente, después de que Calderón y Treviño pusieran en conocimiento del Consejo los hechos, por real provisión de 7 de diciembre de 1736 se ordenó a la Universidad remitir los estatutos para su examen y paralizar su ejecución hasta nuevo pronunciamiento.45 El claustro obedeció la orden y acordó representar al Consejo las justas razones de los nuevos estatutos y la posesión en que estaba la Universidad para hacerlos, así como todo lo que se estimase pertinente «para la justa defensa de la Vniversidad y de sus Leyes».46 Encargada la junta de juristas de elaborar el correspondiente memorial, el dr. Bernardino Francos llegó a preparar un borrador con los puntos sobre los que argumentar la defensa de la facultad estatutaria, pero al cabo la Universidad desistió de enviar sus razones y el Consejo no se pronunció de ninguna manera, de modo que los cambios quedaron en el aire una vez más.47

Sólo muchos años después, casi treinta, la Universidad de Salamanca volvió a tomar la iniciativa en la empresa reformista, y en esta ocasión ya con otras consecuencias. Se puso en marcha a partir del claustro pleno del 26 de agosto de 1765, convocado para tratar «sobre el punto de asistencia à Cathedras recepcion de Grados de Bachiller, cedulas de los Cathedraticos, y demas que sea conducente, é incidente à esta materia para que los estudiantes procedan conforme a los estatutos de dicha Vniversidad y se eviten los fraudes y perjuicios, que sobre esto se pueden orijinar».48 Su resultado, tras coincidir sus miembros en la gravedad de la situación y la necesidad de abordar más asuntos que pedían una seria y pausada reflexión, y después de que fueran expuestas en él «muchas i mui sabias razones dirigidas â promover el aprovechamiento de los estudiantes, restablecer el mayor esplendor de este estudio, y descubrir, i cortar la causa de la decadencia de ambos», fue el acuerdo de nombrar ocho comisarios, dos por cada facultad, para el estudio y propuesta de soluciones.49

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