Читать книгу Enemigos íntimos. España y los Estados Unidos antes de la Guerra de Cuba (1865-1898) онлайн
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Sin embargo, los problemas resurgieron durante la Primera República. Ante la ausencia de avances en la cuestión de la abolición de la esclavitud, Sickles decidió priorizar la cuestión de los embargos de propiedades de ciudadanos norteamericanos en Cuba91. Si bien los casos de los ciudadanos estadounidenses cuya nacionalidad disputaba el gobierno español seguían siendo remitidos rutinariamente a la Comisión de Washington, el gobierno estadounidense denunciaba ahora que las autoridades coloniales, a través del Consejo Administrativo de Bienes Embargados, habían utilizado la persecución de posibles infidentes 92 en la Isla para expropiar valiosas propiedades de particulares norteamericanos, y que dichas propiedades habían sido adquiridas posteriormente por funcionarios españoles después de procesos irregulares de subasta93.
En respuesta a las demandas estadounidenses, el gobierno Pi y Margall (9-VI-1873/18-VII-1873) promulgó una medida sin precedentes: el Decreto de 12 de julio de 187394. Originalmente, el decreto no afectaba a las propiedades extranjeras, pero gracias a la presión de Sickles los efectos de la medida se extendieron a todos los residentes foráneos95. Aunque la República ya había aceptado oficialmente la vigencia en Cuba del artículo séptimo del Tratado de 1795, con este decreto el gobierno español iba más lejos que ninguno de sus antecesores al ordenar la devolución de todas las propiedades embargadas a súbditos extranjeros en la isla de Cuba96. Se desconocen las razones de la decisión, aunque no es descartable que los gobernantes republicanos estuviesen tratando de probar sus buenas intenciones en Cuba97.