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Cuando conocimos las razones por las que Barros Sierra no encabezaría la manifestación, la situación se tornó más violenta. Si le negaban la autorización era porque estaban dispuestos a reprimir cualquier intento de efectuarla, y no con policías y granaderos, como era tradicional, sino con el Ejército. Si habían entrado a dos preparatorias y a dos vocacionales en unas horas, ¿cómo no pensar que impedirían la salida de cincuenta mil estudiantes por las calles de la ciudad?

El Poli y algunas facultades de la Universidad estaban dispuestos a realizar la manifestación con o sin el permiso. Pero los delegados de Filosofía, entre otros, argumentábamos que una negativa a Barros Sierra debiera interpretarse como represión segura. A nuestro parecer la manifestación, en esas condiciones, debía suspenderse. Los politécnicos, con toda razón, respondían que el requisito de solicitar permiso a la policía para protestar contra la brutalidad policiaca era anticonstitucional, ya que hacía depender un derecho irrenunciable del humor de un gendarme y, sobre todo, impedía toda auténtica manifestación de protesta para permitir sólo los «apoyos» a la política del presidente en turno. Lo anterior era indiscutible, pero también lo era que no nos enfrentaríamos a los granaderos. Un encuentro con este cuerpo policiaco podía no ser grave si la manifestación era numerosa, de ser así ni siquiera intervendrían; pero acordonando la cu no estarían ellos, sino el Ejército, que ya patrullaba la ciudad.