Читать книгу Protección de los animales en Colombia. Perspectivas jurídicas, políticas, económicas y en el territorio онлайн

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Entre tanto, para 2016 entraba en vigor la Ley 1774 a nivel nacional, previendo la excepción a estas prácticas taurinas y de riñas de gallos. Dicha excepción fue demandada. Así, en 2017, la Corte Constitucional, en Sala Plena, concluyó que dichas excepciones se habían previsto “de manera genérica desprotegiendo a los animales de forma irrazonable y desproporcionada”, con lo que declaró su inconstitucionalidad diferida, en virtud de la cual exhortó al Congreso para que, dentro del término de dos años, adecuase la legislación a los mandatos y la jurisprudencia constitucional48. Sin embargo, en un hecho insólito en la historia jurisprudencial colombiana, en 2018 la misma Corte, también en Sala Plena, anuló su propia decisión considerando que ella misma había desconocido su propia jurisprudencia49; y luego, en 2019, profirió una nueva sentencia de reemplazo en la que concluyó que sí se permitirían de nuevo dichas excepciones con base en los argumentos de su decisión del año 201050.

Este singular cúmulo de lapsus y variaciones de criterios institucionales ofrece un cuadro sintomático tanto de la irrupción de una realidad para la que el mundo jurídico aún no tiene respuestas sólidas, como del caos introducido desde 2010 por la Corte Constitucional con el pluricitado “deber de morigeración”. Dada su porosidad y ausencia de mandatos concretos, el cumplimiento de este mandato ha estado abierto a la interpretación de cada institución e interés disponibles. Aun así, cursa ya desde 2018 en el Congreso un proyecto de ley para eliminar las prácticas taurinas en todo el territorio nacional51.