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El principio de igualdad, por otra parte, ha sido considerado como un auténtico derecho subjetivo (artículo 53.1 CE), lo que posibilita su protección a través del procedimiento preferente y sumario que se regula en los artículos 114 a 122 de la LJ, y, en último término, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 CE).

Esta amplia relación de principios generales del Derecho no agota los que aparecen recogidos en nuestra Constitución. De los recogidos en las leyes destacan especialmente los que se recogen en el art 3 LRSP y los de seguridad jurídica y el de proporcionalidad (art. 129) de amplia invocación jurisprudencial. En rigor muchos de los configurados como derechos y libertades fundamentales puede considerarse que tienen una finalidad principialista del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de su construcción técnica como verdaderos derechos. Sirva de ejemplo paradigmático el derecho a la tutela judicial efectiva que se consagra en el artículo 24 CE. Otros principios tienen una significación específica para la propia Administración Pública, como los de carácter organizativo que se consagran en el artículo 103.1 CE, que se analizarán en la lección 7.