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Los principios generales del Derecho Administrativo además de su papel informador de esta rama del ordenamiento y de su capacidad para controlar el ejercicio de las potestades administrativas, incluida la reglamentaria, constituyen la norma a aplicar en defecto de otras normas administrativas. Esta aplicación de los principios generales del Derecho tiene preferencia respecto de otras normas del Derecho Privado, puesto que el Derecho Administrativo constituye un ordenamiento y no meras normas especiales integrables en sus lagunas por las normas del CC. Con todo, el papel informador de los principios generales del Derecho y su función de control del ejercicio de las potestades administrativas, sitúan a los mismos en una función mucho más trascendente que la que se deduce de esta aplicación directa en defecto de otras normas administrativas.

La tendencia del legislador moderno se orienta a consagrar en cada ley, una serie de principios generales, que informan el cuerpo normativo que ella aprueba. En este sentido, constituye un ejemplo notable la ley de economía sostenible (Ley 2/2011) cuyos artículos 3 y 4 recogen numerosos principios, en gran parte reiterativos de los recogidos en otras leyes. No es buena técnica legislativa este proceder, pero no es fácil que se abandone en el futuro inmediato.