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Finalmente, debe señalarse el principio de buena administración, recogido en el art. 41 de la Carta de Derecho fundamentales, de la UE y reafirmado por la jurisprudencia (STJUE de 16/01/2019) y que comprende el derecho a ser oído, acceder al expediente administrativo y obtener una decisión motivada.

En virtud del principio de legalidad, que obliga a la Administración a no poder actuar sino en base a una potestad previamente atribuida por una norma y conforme a ella, la costumbre tiene un papel muy limitado en el Derecho Administrativo, puesto que el sujeto principal de este ordenamiento, la Administración Pública, no puede apartarse en su conducta de la norma previa y no puede contribuir a crear costumbres extra legem. Sin embargo, algunas organizaciones sociales y ámbitos materiales de la realidad social han sido administrativizados muy recientemente, cuando ya contaban con una honda tradición normativa basada, en muchos casos, en la costumbre (ordenación de riegos, funcionamiento de los Concejos abiertos, etc.). En muchos de estos supuestos el propio legislador ha reenviado parte de la ordenación a aplicar en estos ámbitos a la costumbre. De esta suerte, la costumbre tiene en el Derecho Administrativo un papel muy sectorializado, pero en esos sectores es muy importante por expresa remisión a ella del legislador. En otros casos, la propia Administración proscribe expresamente la aplicación de la costumbre (así, la cláusula 48 del Pliego de cláusulas administrativas generales de contratación).