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Con la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE al Derecho originario en 2004, el derecho a obtener una indemnización por los daños causados por la UE se convierte en un derecho fundamental, concebido como parte del derecho a la buena administración. Así, el artículo 41.3 de la Carta dispone que «toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros».
1.2.2.1. Legitimación activa y pasiva
Podrán interponer el recurso tanto los particulares, personas físicas o jurídicas, como los Estados miembros que, por haber sufrido un perjuicio, tengan interés legítimo en dicha interposición.
En cuanto a la legitimación pasiva, esta corresponderá al órgano o institución que está en el origen de dicho perjuicio. Esto es, a quien resulte imputable el acto u omisión que lo causó.