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Se consideran violaciones de una regla superior de Derecho establecida para la protección de los particulares aquellas que afecten a principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, en cuanto que normas superiores cuya finalidad es proteger los intereses subjetivos de los administrados, y a los principios dispositivos que, con idéntica finalidad, vienen establecidos por los Tratados constitutivos. Esta noción comprende por lo tanto principios tales como la no discriminación, la irretroactividad, la confianza legítima, la prohibición de desviación del poder, el respeto de los derechos adquiridos, la buena diligencia y la buena administración, la proporcionalidad y la libertad de comercio, entre otros.

Por el contrario, se excluyen de dicha noción la obligación de cumplir con requisitos de forma (por ejemplo, la motivación) o de procedimiento (en la medida en que el requisito en concreto preserve exclusivamente prerrogativas institucionales), o la violación de principios y objetivos establecidos en los Tratados con carácter meramente programático.