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Y lo son porque su legitimación no se condiciona a que el acto cuya anulación se pretende tenga o no un carácter general o a que la institución o el Estado miembro demandante estén o no entre sus destinatarios, ni requiere de la prueba de que existe un interés específico en el recurso. Solo los Estados miembros y las instituciones mencionadas están en dicha posición. El artículo 263 indica, en este sentido, que el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones podrán interponer el recurso únicamente para salvaguardar sus prerrogativas. Estaríamos en este caso, por tanto, ante demandantes que cabría considerar «semiprivilegiados».

No podemos dejar de recordar la novedad introducida en este punto por el Tratado de Lisboa. Está prevista en el artículo 8 del Protocolo número 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que dispone lo siguiente:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de subsidiariedad, por parte de un acto legislativo, interpuestos con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por un Estado miembro, o transmitidos por éste de conformidad con su ordenamiento jurídico en nombre de su Parlamento nacional o de una cámara del mismo».