Читать книгу Practicum Ejercicio de la abogacía 2022 онлайн
504 страница из 1286
De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el Comité de las Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el TFUE requiera su consulta.
De otro lado, en cuanto a las personas físicas y jurídicas, demandantes no privilegiados, dispone el párrafo cuarto del artículo 263 que podrán interponer el recurso en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de las que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que les afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.
Se trata de una cuestión, la de la legitimación activa de los particulares en el marco del recurso de anulación, que no ha sido ajena a cierta controversia. Afectación directa, afectación individual e interés para ejercitar la acción son las condiciones que deben cumplirse para que el recurso sea admisible.
La jurisprudencia del TJUE (pueden verse en este sentido las sentencias de 21 de marzo de 2002, asuntos acumulados 41/70 a 44/70, International Fruit Company y otros c. Comisión y de 2 de abril de 1998, asunto C-321/95 P, Greenpeace c. Comisión) ha interpretado de modo muy restrictivo los requisitos exigidos en el párrafo cuarto del artículo 263, y ello a pesar de las críticas que tanto la doctrina como los propios abogados generales han lanzado al respecto, por considerar que difícilmente dicha jurisprudencia tendría encaje con lo requerido por el artículo 6 del CEDH tal y como ha sido interpretado por el TEDH. Las sentencias de 25 de julio de 2002 (asunto C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores c. Consejo) y de 1 de abril de 2004 (asunto C-263/02 P, Comisión c. Jégo-Quére) sintetizan de modo claro el parecer del TJUE. Cuando, en aplicación de la doctrina del TJUE, al particular le resulte imposible acceder al recurso de anulación, podrá invocar la invalidez del acto en cuestión bien a través de la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 277 del TFUE, bien ante los jueces y tribunales nacionales, que deberán en este caso hacer uso de la cuestión prejudicial en apreciación de validez.