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Sin embargo, cuando se alcanza un elevado grado de desarrollo, la capacidad de adquirir y asimilar tecnologías de otros países se hace más difícil y costosa, siendo fundamental un esfuerzo propio de creación de nuevas ideas y el logro de una elevada cualificación de los trabajadores, con el fin de facilitar su absorción, difusión y transformación en nuevos bienes y procesos productivos. En consonancia con este proceso, España ha hecho un esfuerzo muy apreciable a lo largo del tiempo por ampliar el número de sus investigadores. Cuando se miden estos en tantos por mil de la población activa se obtiene la ratio de intensidad investigadora, que ha avanzado en paralelo con el ascenso en el número medio de años de formación reglada de la población activa, aunque con algún retraso con respecto a este (gráfico 6). El resultado de esta trayectoria es evidente: España se encuentra en 2020 solo algo por debajo de los países más desarrollados en estos dos indicadores.

Por consiguiente, no cabe atribuir a diferencias en el número de investigadores y en el nivel de educación de la población el estancamiento de la PTF. Ahora bien, la transformación de las nuevas ideas que produce la investigación en innovación (procedimientos y productos nuevos) requiere algo más que investigadores y personal cualificado. Exige un mayor esfuerzo de inversión del que se ha realizado en España, si se tiene en cuenta que el gasto en I+D sobre el PIB es casi la mitad del francés o el alemán. Aún es mayor la distancia con estos países en el esfuerzo tecnológico realizado por las empresas, que resulta particularmente reducido, aun siendo clave en la mejora de la innovación. También reclama un sistema de organización de la tecnología que haga eficaz ese gasto dedicado a producirla, y en este aspecto no parece haberse avanzado mucho, si se considera, por ejemplo, el indicador del número de patentes registradas, en donde España se sitúa muy lejos de los países más desarrollados (véase el ssss1).

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