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Asimismo, en el campo de la Ley Mercantil hemos de tener en cuenta el Derecho de la Unión Europea, el cual ha influido de forma notable en nuestra legislación especial desde el ingreso de España en 1986. Así, nuestro Derecho Mercantil, al igual que todas las ramas del ordenamiento jurídico, se ven fuertemente influidas por los Reglamentos y Directivas europeas. Los Reglamentos constituyen normas emanadas de las Instituciones europeas que resultan directamente aplicables en todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros sin necesidad de un proceso de incorporación. Así, desde el momento en que se emite un Reglamento europeo, el mismo resultará aplicable por los Juzgados y Tribunales españoles y las empresas y particulares podrán utilizarlos como base en sus procesos judiciales, en la medida en que no se requiere que el Estado incorpore esas normas europeas al ordenamiento interno. Por su parte, las Directivas son actos normativos que no obligan directamente a los Estados miembros ni resultan directamente aplicables, toda vez que requieren de un proceso de transposición interna. Es decir, la Directiva europea solamente obliga a los Estados miembros en cuanto a los fines o resultados que se quieren conseguir, dejando libertad a los Estados para que modifiquen sus legislaciones internas (proceso de transposición) en la forma preferida y dando, eso sí, un plazo razonable para dicha transposición o adaptación normativa. En el ámbito del Derecho Mercantil, las Directivas han sido actos legislativos especialmente importantes para alcanzar cierta unificación de la disciplina a nivel europeo. Así destacan, por ejemplo, las Directivas de Derecho de Sociedades que desde 1968 han ido modernizando la legislación societaria española, así como las Directivas sobre Derecho de la Competencia (siendo una de las más recientes la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior), o la última en materia de Derecho Concursal, la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones.