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Por tanto, como sucediera en otros países con modelos corporativistas y familistas, en España la cuestión de la Seguridad Social, referido al sistema público de pensiones, ha generado gran debate y preocupación política. La cuestión del sistema público de pensiones resulta central en la agenda política porque (Rodríguez-Cabrero, 2020):

• Asegura unas condiciones de vida dignas a las personas mayores y jubiladas, partiendo de los derechos sociales generados, mediante las cotizaciones.

• Esperanza a los futuros pensionistas (presente población laboral activa).

• Resulta un objetivo de los sistemas financieros globales en la participación o reconversión a fondos privados de pensiones.

Dadas las recurrentes crisis económicas, la debilidad estructural del mercado de trabajo español, las cíclicas altas tasas de desempleo y la precariedad laboral han hecho que este modelo de Bienestar y de Seguridad Social eminentemente corporativista se encuentre en crisis desde sus inicios. De ahí, por ejemplo, la Reforma de 1985, las sucesivas leyes sobre pensiones, etc.ssss1 y la firma del Pacto de Toledo en 1995 que buscaba, entre otras cuestiones, “evitar cambios estructurales sin acuerdo que pusieran en riesgo el sistema en su doble dimensión de gobernanza y sostenibilidad” (Rodríguez-Cabrero, 2020: 301).