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La visibilización de la dependencia como problema social se caracteriza por la intervención de comités de expertos y de grupos de trabajo que además monopolizan el debate desde el envejecimiento de la población y las necesidades resultantes de los cuidados de larga duración.

En 1999, el debate sobre la cuestión de la dependencia y su inclusión en la agenda política es activado por grupos de presión relevantes en el escenario sociopolítico y económico español (IMSERSO, clase política, sindicatos y patronal) y se articuló con relación a la Seguridad Social y a los seguros sociales públicos o privados. Este proceso se caracterizó por los siguientes hitos (Rodríguez Cabrero, 2002):

• El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales planteó un seguro de protección social pública y universal integrado en la Seguridad Social, mientras que en el Congreso y en el Senado se apostaba generalizadamente por la promoción de medidas legislativas encaminadas a la protección de la población dependiente.

• El informe del Defensor del Pueblo (2000) a favor de un seguro público de protección a la dependencia.

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