Читать книгу La seguridad jurídica онлайн

13 страница из 52

La segunda característica derivada de la normatividad sería la vinculación de la Constitución a todos los poderes públicos, formulada en el art. 9.1 CE, entendiendo por poder público tanto el legislativo en la elaboración de la ley que, como sabemos, debe respetar la Constitución so pena de declaración de inconstitucionalidad de esa ley, el poder ejecutivo con toda la actividad de la administración pública, y el poder judicial, en su labor de interpretación y aplicación del Derecho, donde cobra especial relevancia la tercera característica de la normatividad, la interpretación conforme que formula el art. 5 de la LOPJ, al establecer que “1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Interpretación conforme a la doctrina del TC que hace que esa doctrina cobre, por lo tanto, especial relevancia en la determinación de todo el ordenamiento jurídico y, por lo que aquí interesa, en la delimitación conceptual de la seguridad jurídica, como veremos. Y que conecta con la función constitucional del TC de intérprete supremo de la Constitución (art. Primero. Uno LOTC) y el valor de cosa juzgada y efectos erga omnes de sus resoluciones (art. 164 CE). Y añadiendo la LOTC la vinculación a los poderes públicos de las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad (art. Treinta y ocho. Uno) y la corrección de la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria, al establecer el art. Cuarenta. Dos que “En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales”.

Правообладателям