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Cabe esperar que en el curso de este proceso surjan nuevos problemas ambientales, porque nada humano es generalmente inocuo y desde luego tampoco lo son las tecnologías renovables actualmente disponibles, pero comprensiblemente estas cuestiones se mantienen todavía en un segundo plano ante la magnitud de los retos que la transición energética pretende afrontarssss1.

A lo que sí se ha prestado atención en el diseño de las actuales políticas de transición energética, tanto en el marco de la Unión Europea como en nuestro propio país, es a las consecuencias desfavorables que en términos de empleo y bienestar pueda ir provocando este profundo proceso de transformación económica, sea en ámbitos territoriales bien definidos o de una manera más general, pues, además de venir probablemente exigida la atención a esas repercusiones por principios sociales y económicos igualmente anclados, como los ambientales, en el plano normativo superior, tanto a escala comunitaria europea como nacionalssss1, tampoco sería ciertamente inteligente, y podría comprometer su éxito, que la transición fuera socialmente percibida como una política draconiana, unilateralmente vencida de uno de los lados de la balanza o, peor aún, productora de desigualdades, con claros triunfadores y perdedores.