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No es casual, sino sintomático de la importancia que tienen los aspectos de “justicia” dentro de la estrategia del Pacto verde europeo, el que las primeras actuaciones por parte de la Comisión europea en desarrollo de la misma consistieran precisamente en la presentación del “Plan de inversiones para una Europa sostenible”ssss1, y en la misma fecha, de su propuesta de Reglamento del “Fondo para la transición justa”ssss1, todo ello con anterioridad incluso a la presentación de una de las piezas estrella del entramado jurídico de la transición, la propuesta de “Ley europea del clima”, que, por cierto, también contenía, aun no constituyendo su objeto específico, abundantes referencias a la necesaria justicia del desafíossss1.

Dentro de las ingentes inversiones, tanto públicas como privadas, que el referido Plan de inversiones considera necesario realizar en la presente década (2020–2030) para ir avanzando hacia el objetivo de la neutralidad climática en 2050, las destinadas a la transición justa tienen una entidad relativamente modesta, pero nada despreciable en términos absolutosssss1, y sobre todo aparecen especialmente destacadas dentro del Plan con un apartado propio en el que se concretan los incentivos que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados con cargo a sus presupuestos para el logro de ese objetivo, que reciben en su conjunto el nombre de “Mecanismo para una transición justa”ssss1.