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– Requerir que en la planificación de la infraestructura necesaria para la producción de electricidad a partir de fuentes renovables tengan en cuenta las políticas relativas a la participación de quienes se vean afectados por los proyectos, en particular la población local. Cuestión que no deja de ser obvia en cualquier instrumento destinado a adoptar políticas y estrategias públicas que, como sabemos requieren en su elaboración de la participación de la sociedad civil, y que en el caso se refiere a los planes de acción nacionales.

– Subrayar su gran utilidad general desde el punto de vista sostenible y del medio ambiente, exigiendo a los Estados, tener en cuenta la contribución de las mismas al logro de los objetivos en materia de medio ambiente y cambio climático, por contraposición en particular a las instalaciones de energía no renovable. Lo que en realidad se traduce en tener en cuenta durante los procedimientos de evaluación, planificación o concesión de licencias a las instalaciones de renovables la legislación medioambiental comunitaria (como la relativa a los espacios naturales) y al tiempo valorar la contribución que aportan esas energías a la consecución de dichos objetivos, comparándolos con las instalaciones de no renovables, sobre la base de determinar que, con carácter general, los proyectos de energía renovable no pueden ser clasificados bajo la categoría de instalaciones con alto riesgo para la saludssss1.