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Pese a su naturaleza no vinculante dicho texto tendrá una innegable trascendencia para la política territorial al constituirse “en el marco político para mejorar la cooperación entre las distintas políticas comunitarias con efectos territoriales importantes, entre los Estados miembros, sus regiones y ciudades”ssss1. No puede ser de otra forma ya que dicho documento advertirá de la dimensión territorial o llamado progresivo “efecto territorial” de algunas políticas sectoriales comunitarias (entre las cuales se hallan las energéticas), para llamar la atención sobre la significativa influencia que tienen en cuanto modifican las estructuras y potencialidades territoriales de la economía y la sociedad, haciendo cambiar el modelo de usos del suelo y el paisaje, al margen de afectar a la situación de competitividad o la influencia territorial de una ciudad o región dentro de la estructura económica y territorial europeassss1.

En ese concreto plano de la integración de las diferentes políticas sectoriales la Estrategia dejará patente que para la política de desarrollo territorial supone un gran reto el poder contribuir a aquellos objetivos comunitarios, y en particular que el Tratado de la Unión obliga a la Comunidad a contribuir al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas (RTE), entre otros, en el sector de la energía, en el que las medidas a adoptar al respecto ejercen dos importantes efectos territoriales: el de la afectación al uso de suelo para la producción y el transporte de energía, y el de la influencia en la estructurara del territorio induciendo una modificación del comportamiento de los consumidores, por la distribución de energía y las tecnologías de su utilización. Dichas redes, tanto en el ámbito de la electricidad como del gas, afectan sobre todo a la planificación local por el trazado de las conducciones o la construcción de, por ejemplo, centrales eléctricas. A este respecto, puede haber dificultades especialmente en relación con los complejos procedimientos de autorización, los múltiples requisitos técnicos y ambientales, y la aceptación por la población.