Читать книгу Regulación del trabajo y Política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la Economía онлайн

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Esta norma de 1998 tuvo una fuerte oposición por parte de la patronal. Se alegó que provocaría una reducción de la productividad y la competitividad de las empresas y que tendría como resultado el cierre de empresas francesas, la descentralización productiva hacía países con mano de obra más barata y, en definitiva, pérdida de empleo. Como resultado de esta confrontación en 2001 se modificó la normativa –Albury II– permitiendo que la jornada laboral de 35 horas computara de media en carácter anual, autorizando la acumulación de las horas de trabajo, aunque superaran las 40 horas semanales en algunos momentos. Posteriormente, el Gobierno hizo más ajustes debilitando aún más la normativa. En 2003 el Gobierno de Fillion incrementó el límite de las horas extra máximas permitiendo de facto que las empresas volvieran a su jornada de trabajo anterior. Así a través del mecanismo de las horas extraordinarias se podía superar legalmente las 35 horas incluso en cómputo anual. Esto es, antes de que se pudieran comprobar los efectos reales sobre el nivel de empleo y la productividad laboral, el gobierno cedió a las presiones y “eliminó” la normativa. Los temores a unos efectos indeseados pudieron más que la voluntad política de incorporar cambios que mejoraran la situación o al menos lo intentaran.