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Otros factores serían la oportunidad de la tecnología en un momento de pleno de interés de una compañía en adquirirla, de los años de explotación que le quedan a la patente, de la capacidad de negociación de la Unidad de Innovación, de la cantidad de actividades pendientes para que el producto alcance el mercado, de su grado actual de desarrollo (TRL de Technology Readiness Level) o, entre otros parámetros más, de los pagos periódicos que hay que realizar en fases nacionales y que los centros no pueden sufragar por sí mismos, pero una empresa sí.

Por todo ello, en la mayoría de los casos, la propia firma del contrato de licencia hace que un centro se encuentre orgulloso de haber podido licenciar un proyecto que nació hace años de una idea de un colaborador, siendo siempre motivo de satisfacción colectiva.

En cuanto a los intereses de las empresas a la hora de negociar estos contratos cabe destacar uno por encima de todos: los intereses económicos, financieros y empresariales. Por ello, en escasas ocasiones estos intereses coinciden con los del centro de investigación, y son motivo de largas reuniones, borradores, discusiones y cambios en la documentación final que, aparte de contar con las Business Development Units de las empresas interesadas, y del equipo de profesionales de las oficinas de innovación, entran en juego los propios departamentos legales de todas las partes implicadas.