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En la experiencia española, las primeras manifestaciones de una política general de desarrollo regional se encuentran en la legislación de la planificación económica (1964–1975), que siguió los patrones británicos recomendados por el Banco Mundial. Los planes de desarrollo económico y social, si tuvieron el efecto de introducir una visión amplia de la planificación regional, coincidieron también en prestar singular atención a la localización industrial. La idea dominante fue que la instalación de nuevas industrias en las zonas subdesarrolladas sería el factor decisivo para corregir los desequilibrios territoriales.

El I Plan (1964-67) previó medidas de desarrollo regional, como los polos de desarrollo o de promoción industrial y los polígonos industriales. El II Plan (1969-71) continuó la política de polos y polígonos añadiendo algunas medidas de colaboración con las entidades locales, de escasa trascendencia en la práctica. Por último, el III Plan (1972-75) permitió abandonar la política de polos en favor de un sistema más sencillo de localización de las nuevas instalaciones en las grandes áreas de expansión industrial que carecían de una ubicación determinada, con el objetivo de dar un alcance auténticamente regional a la política territorial.

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