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La pérdida de la libertad puede incidir de manera directa en otros derechos que, debido al encarcelamiento, el sometido a la prisión provisional se ve impedido de ejercitar. Entre ellos se puede ver afectado directa o indirectamente el derecho de participación política del artículo 23 CE, cuando un candidato ha sido elegido, en la medida en que la actividad política se realiza fundamentalmente en la sede de un órgano legislativo y requiere la presencia física del representante.

Este derecho fundamental tiene una vertiente subjetiva, para el elegido, de acceder la función parlamentaria con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), es decir, un derecho de acceso a los cargos representativos, que implica necesariamente el derecho a “mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley sin constricciones o perturbaciones ilegítimas” de todas aquellas facultades que pudieran considerarse pertenecientes al núcleo de la función representativa, como son, principalmente, las que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas y de control de la acción del gobierno [SSTC 220/1991, de 25 de noviembre, F. J. 5 (RTC 1991, 220); 71/1994, de 3 de marzo, F. J. 6 (RTC 1994, 71); 109/2016, de 7 de junio, F. J. 3 b) (RTC 2016, 109); 11/2017, de 30 de enero, F. J. 3 a) (RTC 2017, 11); y 139/2017, de 29 de noviembre, F. J. 4 a) (RTC 2017, 139)], como se afirma en la STC 155/2019, de 28 de noviembre (F. J. 15 A a) (RTC 2019, 155)].