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No es preciso reiterar que la prisión provisional provoca una tensión y una contradicción entre la pérdida de la libertad y la presunción de inocencia, pero hay que reconocer que este “mal necesario” de la privación de libertad durante el proceso impone por esencia situaciones diferentes de los acusados que se hallan en libertad y aquellos otros que están en prisión, que no impiden ni hacen claudicar el ejercicio del derecho de defensa.

Así lo entendió la Sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo en la causa especial del Procés cuando diferentes acusados le plantearon esta cuestión –AATS (Sala de lo Penal) de 28 de septiembre de 2018 (JUR 2019, 28227), reproducido en los posteriores de 10 de diciembre de 2018 (JUR 2019, 22), 14 de enero de 2019 (JUR 2019, 18888)–, señalando que tampoco se afecta el derecho a un proceso con todas las garantías, pues los acusados pueden sentarse en el juicio junto a sus abogados, garantizando así “una comunicación fluida y permanente durante todo su desarrollo” y en los recesos y en el tiempo de la comida se pueden entrevistar libremente con ellos –ATS (Sala de lo Penal) de 11 de abril de 2019 (JUR 2019, 128568)–.