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La sucesión de leyes promulgadas en 2015 reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de derechos y garantías del investigado y acusado así lo atestiguan. Y ello pese a la reprochable y cicatera actuación del legislador español de no acompañar las modificaciones con la imprescindible dotación económica para llevarlas a cabo correctamente, sin guardar el mínimo equilibrio con el incremento de la carga de trabajo y las nuevas responsabilidades y cometidos que hace recaer sobre determinados operadores jurídicos. Tanto la Ley orgánica 5/2015 como la posterior Ley orgánica 13/2015 contienen sendas Disposiciones adicionales que expresamente indican que las medidas que incorporan no podían suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Con la consecuencia de que, por ejemplo, y tratándose del derecho a la traducción e interpretación, las apelaciones a la calidad del servicio puedan quedar en una mera declaración formal plasmada en el texto de la LECrim especialmente teniendo en cuenta que, en la práctica, ante la falta de inversión en incrementar la plantilla de traductores/intérpretes y haberse recurrido en la mayor parte del territorio español a su externalización en empresas privadas con una notable merma de la calidad de su prestación salvo honrosas excepcionesssss1.