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En principio, el juicio de jurado puede incoarse directamente cuando desde el inicio de las actuaciones existe una persona determinada a quien imputar el hecho punible. Ello sucede generalmente cuando el proceso se inicia por denuncia o querella dirigida contra persona determinada.

En los demás casos, la incoación del procedimiento será por sumario o por diligencias previas, para posteriormente dictar el auto de cambio de procedimiento cuando se pueda dirigir la imputación contra persona determinada.

En lo que se refiere a la delimitación de los supuestos en que debe seguirse el procedimiento de jurado, las cuestiones más problemáticas se refieren a los supuestos de conexidad delictiva con delitos que son competencia de los Jueces de lo Penal o de las Audiencias Provinciales, cuestión ésta se pronunció el Tribunal Supremo en el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda de 20 de enero de 2010 (JUR 2010, 48056), y de 23 febrero 2010 (JUR 2010, 142593), posteriormente sustituidos por el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 09/03/2017 (RJ 2017, 2983), respecto de la incidencia en el procedimiento de la Ley del Jurado (RCL 1995, 1515) de las nuevas reglas de conexión del artículo 17 LECrim.