Читать книгу El gobierno de la función legal en las organizaciones. Operaciones legales, Innovación y Digitalización онлайн

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Para valorar este riesgo deberemos responder, al menos, a las siguientes preguntas: (1) ¿qué posibilidades reales hay de que se abra una investigación o se inicien acciones en tribunales contra un cierto producto o actividad? ¿Qué tipo de acciones serían y quién estaría legitimado para interponerlas? ¿y en qué plazo? (2) ¿Existen indicaciones de que se estuvieran preparando tales acciones por parte de terceros? ¿hemos recibido alguna advertencia sobre posibles acciones legales? (3) ¿es éste un proyecto novedoso o se ha lanzado en el pasado ya sea por la propia compañía en otras latitudes o por terceros y, de ser así, se ha cuestionado legalmente? Si ya ha habido reclamaciones previas ¿podemos revisar la iniciativa para adaptarla a las resultas de aquéllas? (4) Si los potenciales reclamantes son entidades con las que mantenemos relaciones comerciales ¿cuánto es de probable que se pueda reconducir la situación por la vía comercial? (5) ¿hay algún motivo para considerar que, en el caso de empresas particulares, éstas pueden abstenerse de recurrir? por ejemplo, porque pueda limitar la actividad del recurrente en el futuro o afectar a su propia reputación –pensemos en aquellos casos en que se recurre contra iniciativas que redundan en beneficio de los consumidores, tales como bajadas de precios o acceso a una mayor oferta de productos (6) ¿hay terceras partes que pudieran presionar al regulador o a los particulares legitimados para interponer acciones contra nosotros?