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En este sentido, de acuerdo con lo apuntado por LÓPEZ-BARAJAS PEREA, «la ley debe habilitar y definir en abstracto los supuestos en que cabe el sacrificio del derecho fundamental en pro del mayor interés social en la persecución de una determinada actuación delictiva, y debe regular también las garantías concretas que permitan a la persona investigada ejercer una efectiva defensa, debiendo precisar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención, no pudiendo la limitación de un derecho crear el riesgo de abusar de dicha limitación»ssss1. Esta, por tanto, es la forma de asegura que la norma respete la primacía del derecho y de los derechos.

En general, la LO 13/2015 cumple el requisito de una regulación en la que se comprendan todas las cuestiones que venían siendo reclamadas jurisprudencialmente para poder contar con una legislación en la que se respete la preeminencia del derecho. No obstante, existen algunos aspectos criticables que serán detalladamente estudiados.

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