Читать книгу Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile онлайн
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La primera resistencia pública comunista la ofrecieron sus parlamentarios, quienes recurrieron a la institucionalidad vigente aún en pie, para intentar detener el avance coercitivo del estado, presentando una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, entre otros motivos por «la detención inhumana de mujeres, como es el caso de las regidoras señorita Blanca Sánchez, de Lota, y señora Julieta Campusano, de Santiago, negándose a la primera hasta el derecho de proveerse de las más indispensables prendas de vestir, y apresándose a la segunda en estado avanzado de embarazo, al extremo de que dio a luz apenas horas después de ser detenida»; y más aún por «el anuncio de que en Pisagua, Huara, Pozo Almonte y otras partes del territorio nacional existen o se preparan verdaderos campos de concentración donde se están reuniendo a muchos relegados políticos trasladados en las peores condiciones que puedan imaginarse, desde todos los puntos del país, entregando su vigilancia a las fuerzas armadas»142. La acusación constitucional lo instaba a responder por la detención de numerosos regidores, alcaldes y secretarios municipales, por la suspensión de las autoridades administrativas, bajo tuición militar por las Zonas de Emergencia, por la prohibición de acceso a ellas, por la expulsión de poblaciones obreras y de trabajadores a la isla Quiriquina sin orden de relegación, así como por las numerosas acciones propiamente castrenses aplicadas por las fuerzas armadas en sus respectivas Zonas. En esa materia, el diputado Óscar Godoy denunció que «2.200 obreros […] fueron sometidos a largos interrogatorios por la autoridad militar con el objeto de establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares […] Los llamados Tribunales Militares han estado conociendo de supuestos delitos de competencia de la Justicia Ordinaria, lo que anula de nulidad absoluta la mayoría de los procesos y de las sentencias que puedan haber dictado»143.